Cuestionamientos que la persiguen; Guadalupe Daniel quiere de nuevo en Cuautlancingo

Aunque presuma una constancia de no inhabilitación emitida por el Gobierno del Estado y la Dirección de Anticorrupción, el saldo de su trienio (2018-2021) —marcado por confrontaciones sociales, fallas en servicios básicos y serias dudas financieras— le resta calidad moral para buscar nuevamente el voto ciudadano.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.— En la antesala de las definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, el nombre de la expresidenta municipal María Guadalupe Daniel Hernández vuelve a colocarse en el centro del debate público. Sin embargo, su intención de regresar a la boleta electoral choca frontalmente con la memoria colectiva de un municipio que aún resiente las secuelas de su administración (2018-2021).

En su intento por limpiar su imagen y proyectar viabilidad política, se ha buscado posicionar la idea de que contar con una carta o constancia de no inhabilitación, otorgada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Anticorrupción, funciona como un pase automático de legitimidad. No obstante, en el terreno político y ético, dicho documento representa apenas un requisito burocrático que dista mucho de constituir un aval ciudadano o moral para volver a pedir el sufragio.

La diferencia entre la legalidad de un trámite y la calidad moral

Una constancia administrativa certifica únicamente que, al momento de su expedición, no existe una sanción firme ejecutoriada en los registros estatales —especialmente cuando los procesos legales o impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) siguen su curso o se encuentran bajo litigio—. Convertir ese papel en una bandera de honestidad ignora el fondo del problema: el juicio de los habitantes de Cuautlancingo sobre los resultados reales de su gobierno.

El saldo de una gestión: confrontación y opacidad

Lejos de dejar un legado de estabilidad y desarrollo, el paso de Guadalupe Daniel por el Ayuntamiento estuvo definido por un desgaste constante con la población y serios señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos:

Confrontación ciudadana permanente: Durante su trienio, las protestas frente al Palacio Municipal se volvieron habituales. Vecinos de juntas auxiliares y fraccionamientos denunciaron sistemáticamente el desabasto y la mala gestión del agua potable, el deterioro de la seguridad pública y el abandono en materia de infraestructura urbana, recibiendo como respuesta una gestión cerrada al diálogo.

Dudas económicas altamente cuestionables: El cierre de su administración en 2021 destapó un cúmulo de inconsistencias en el proceso de entrega-recepción. Señalamientos por opacidad en el cobro de impuestos prediales a empresas industriales, adquisición irregular de predios y observaciones financieras que derivaron en procedimientos por presunto desvío de recursos por millones de pesos, mantienen bajo sospecha la pulcritud de su ejercicio fiscal.

Disputas políticas e institucionales: Incluso fuera del cargo, su grupo político fue señalado por intentar mantener el control e injerencia sobre organismos clave como el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC), anteponiendo intereses de grupo sobre el bienestar colectivo.

El veredicto de las urnas exige memoria

Aspirar a gobernar nuevamente Cuautlancingo requiere más que el cumplimiento de requisitos de ventanilla. La calidad moral para solicitar el voto ciudadano se construye con transparencia, rendición de cuentas y resultados tangibles, elementos que brillaron por su ausencia entre 2018 y 2021.

Hoy, frente a una ciudadanía cada vez más crítica y atenta al desempeño de sus autoridades, una carta de no inhabilitación no basta para absolver una gestión marcada por el conflicto social y las sombras financieras. En política, lo que no se respalda con hechos en el ejercicio del poder difícilmente puede legitimarse con un sello oficial.