Qué conmovedor espectáculo de ciudadanía comprometida hmos presenciando a las afueras de los centros de readaptación social. Un nutrido y espontáneo grupo de "familiares" de personas privadas de la libertad (PPL) ha decidido romper el silencio para exigir, con pancartas casi recién escritas, la destitución inmediata del director de custodia y de un puñado de mandos medios. ¿El motivo oficial? El sufrimiento de sus seres queridos, la extorsión despiadada y el cobro de piso. Cuánta nobleza. Qué lección de solidaridad orgánica.

Lástima que la realidad al interior del penal de San Miguel prefiera un guion bastante menos romántico y mucho más monetizado.

Porque mientras el ciudadano común consuma el melodrama de los titulares, la verdadera historia es un asunto de alta finanza penitenciaria. No estamos presenciando una rebelión de las víctimas, sino una disputa de accionistas. Un choque encarnizado entre la mayoría silenciosa de los internos —esos que verdaderamente sufren la extorsión día a día y que solo sueñan con sobrevivir a la jornada— y los verdaderos patrones de la plaza: feudos criminales con tentáculos bien amarrados dentro de dependencias estatales.

Resulta que en la geometría del Cereso, la paz no se negocia: se alquila. Por años, las concesiones de todo lo rentable (desde la venta de alimentos y abarrotes, el trasiego de sustancias, hasta la prostitución y la protección armada) rendían un diezmatorio puntual hacia altas oficinas estatales y mandos complacientes. Cuentan quienes conocen los pasillos que, de un plumazo o de un cambio de fichas en las dependencias, el grifo se cerró. Las cuotas hacia arriba dejaron de fluir, las "concesiones" se cancelaron o cambiaron de manos, y de repente, la estructura financiera de los viejos mafiosos se vino abajo.

Y cuando a un grupúsculo criminal le quitan el negocio de cientos de miles de pesos semanales, no manda una carta a la Secretaría de Función Pública; manda a movilizar a las familias.

Ahí reside la verdadera crueldad del circo. Detrás de las pancartas hay madres, esposas e hijas utilizadas como carne de cañón diplomática. Inocentes instrumentalizados por los mismos victimarios que, dentro de las crujías, los extorsionan a diario con golpizas y cobros para no "madrearlos". A esos verdaderos PPL, a los que no tienen padrino en la burocracia estatal ni margen en la nómina del narcotráfico, solo les queda la fe. Sus verdaderos familiares no están orquestando mítines mediáticos; están rezando en silencio para que sus internos libren las luchas intestinales de los grupúsculos que se niegan a soltar la teta presupuestal e ilegal.

Los mandos medios y los feudos desplazados pretenden vendernos un cuento de indignación popular. Pero lo único que buscan es restaurar el status quo de sus bolsillos. No piden justicia; piden volver a cobrar el piso, a controlar el veneno y a administrar la carne. Y mientras tanto, afuera, el teatro sigue su función.