Braulio Paisano
PUEBLA, PUE. – La crisis de trata de personas y explotación laboral que azota a las comunidades indígenas en el estado de Puebla ha escalado a una dimensión de emergencia, revelando no solo una grave vulneración a los derechos humanos, sino una preocupante parálisis institucional por parte de las dependencias encargadas de proteger a los grupos originarios.
Informes recientes documentan cómo tratantes emplean ofertas de empleo falsas y tácticas de engaño para captar a mujeres y niñas de municipios como Naupan, aprovechándose de la pobreza extrema y las barreras lingüísticas para someterlas a servidumbre doméstica, trabajos forzados y explotación sexual.
El caso más reciente y documentado por la activista Luz Valdéz, es el abuso y una larga serie de anomalías laborales, jurídicas y civiles, que involucra incluso al ayuntamiento de Naupan, que hizo uso de un espacio público, aseguran testigos en arriendo, mientras la autoridad asegura que fue en calidad de apoyo al proyecto; y que como resultado ha dado un ataque directo a la activista sin que se hayan tomado las medidas pertinentes para resguardo de su seguridad personal, aunque ahora enfrenta una campaña de acoso y desprestigio de parte de las empresas Adidas - Someone Somewhere
El colmo de las irresponsabilidades, toda recae en la representación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y su titular, inmediatamente a la Dirección de Oficinas de Representación, (del lambiscón carga bolsos) Reyes Gama Mateos, y las Direcciones de Diálogo y Concertación, Desarrollo con Identidad Indigena y de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad; y por supuesto el área jurídica a cargo de David Archundia López que en teoría deberían desde el mes de mayo pasado haberse dado por enterados de la problemática que ya enfrentaban la mujeres Indígenas de Naupan.
La brecha institucional: El IPPI en entredicho
Aunque el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) cuenta con facultades legales para garantizar la protección de los derechos de estos pueblos, especialistas y colectivos denuncian que su gestión se ha limitado a un "activismo administrativo". Las acciones implementadas hasta la fecha —centradas en talleres y diagnósticos— resultan insuficientes ante la realidad de violencia que enfrentan las víctimas.
En este contexto, ha trascendido una preocupante omisión operativa: Moisés Ismael Rosas Cabrera, encargado de la Secretaría Técnica del IPPI, muestra un desconocimiento absoluto sobre los mecanismos plausibles y las obligaciones legales de este Instituto defensor indigenista para el apoyo directo a las mujeres indígenas de Naupan. Esta falta de pericia técnica en los mandos operativos del instituto es señalada por activistas como una forma de complicidad sistémica que perpetúa el abandono estatal. Pero brilla más con el trascendido de que Rosa Cabrera, ni es poblano (es chilango) ni es indihgena, y mucho menos especialista en la materia, y pues, no cabe en una función de coordinación técnica.
Revictimización por omisión
La omisión del IPPI en la ejecución de protocolos de búsqueda activa, rescate y acompañamiento legal convierte a la institución en un agente de revictimización. Al no brindar una defensa legal agresiva ni protocolos de emergencia, el instituto traslada la carga de la justicia a las propias víctimas, quienes, por su situación de vulnerabilidad, carecen de los recursos para navegar el sistema judicial.
"La falta de acompañamiento legal y la ausencia de una defensoría especializada no son simples errores de gestión; son violaciones al deber de garantía", señalan organizaciones de la sociedad civil. Expertos advierten que el IPPI está fallando en su objeto social al no trascender la burocracia para implementar:
Mecanismos de respuesta inmediata con atención psicológica.
Albergues temporales seguros.
Defensa legal coadyuvante que no dependa exclusivamente de la denuncia de la víctima.
Ante el panorama de desatención, organizaciones civiles han anunciado una estrategia de exigibilidad que incluye la presentación de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla por falta de acceso a la justicia, la solicitud de medidas cautelares ante la Fiscalía General del Estado y el forzamiento de una intervención directa por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal.
El marco legal es claro: tanto la Ley General contra la Trata de Personas como la Ley General de Víctimas obligan a las autoridades a garantizar asistencia integral y el uso de traductores certificados. La gestión de funcionarios como Moisés Rosas Cabrera está ahora bajo el escrutinio público, frente a una demanda social que exige resultados concretos más allá de los discursos oficiales.
