Con el objetivo de fortalecer el Registro Estatal de Opciones para Educación Superior y que éste cuente con información de utilidad para la toma de decisiones de las y los aspirantes, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 40 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
En la propuesta de la legisladora, se precisa que la Ley de Educación del Estado de Puebla ya prevé, en su artículo 40, un Registro Estatal de Opciones para Educación Superior que debe ser público y difundido electrónicamente y por medios impresos. Sin embargo, la norma puede fortalecerse si se precisa una actualización periódica mínima y si se obliga a incorporar datos de utilidad inmediata para la toma de decisiones de las y los aspirantes, como cupo, modalidad, costos, becas y requisitos de ingreso.
Por ello, la iniciativa contempla que la actualización del registro deberá realizarse, por lo menos, de manera semestral, e incluirá, respecto de cada institución y programa educativo, el cupo disponible, modalidad, turno, requisitos de ingreso, costos, becas, accesibilidad, medios oficiales de contacto y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que constituye la autorización otorgada por la Secretaría de Educación Pública para que un plan o programa de estudios tenga validez oficial.
Además, indica que las instituciones públicas y privadas estarán obligadas a remitir la información en los formatos digitales estandarizados que determine la Secretaría, sin que ello implique erogación adicional o la creación de unidades administrativas nuevas.
Mediante la propuesta, la diputada Azucena Rosas Tapia indica que con estas acciones se presentaría una mejora normativa, enfocada en la transparencia activa y orientación educativa, para que las y los estudiantes cuenten con información para decidir entre las opciones educativas.
“La actualización del registro y la incorporación de información verificable sobre cupo, costos, becas y accesibilidad permitirían reducir asimetrías de información entre instituciones y aspirantes, mejorar la planeación familiar y escolar, y facilitar decisiones más informadas, sin imponer al Estado una carga financiera adicional, pues la medida se limita a ordenar y sistematizar datos ya existentes”, expone la iniciativa.
