​Revelan red de corrupción en contrataciones electorales por más de 2,740 MDP en el IFE-INE y OPLEs

CIUDAD DE MÉXICO / PUEBLA — Una investigación interinstitucional encabezada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destapó un esquema de presunta corrupción continuada en la adquisición de materiales e insumos electorales por un monto superior a los 2,740 millones de pesos (MDP) a lo largo de 27 años (1999-2025).  

​El entramado operó mediante al menos seis razones sociales vinculadas entre sí a través de prestanombres, lazos familiares y socios comunes. La red comenzó sus operaciones bajo la estructura del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), consolidó su presencia tras la reforma político-electoral de 2014 durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE), y se extendió hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

​De acuerdo con los informes oficiales basados en datos de CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las empresas participantes simularon competencia en licitaciones públicas concertando precios para favorecer a firmas aliadas mediante la regla del "precio más bajo", actuando como intermediarias sin contar con capacidad industrial propia.  

​Periodo de consolidación (2014–2023): Concentró más de 2,094 MDP bajo la gestión del Consejo General del INE.  

​Ciclo reciente (2024–2025): Se detectaron asignaciones adicionales por al menos 

​Nuevo León: 814.0 MDP (mayor concentración presupuestal).  

​Veracruz: 570.0 MDP (adjudicaciones continuas en el OPLE).  

​Puebla: 179.1 MDP acumulados (49.4 MDP entre 2014–2023 y 129.7 MDP entre 2024–2025).  

​Sonora: 110.0 MDP (paquería e insumos).  

​Chiapas: 105.0 MDP (material electoral ordinario y extraordinario).  

​Baja California: 72.7 MDP (documentación y logística).  

​Otras entidades: Montos variables rastreados en Hidalgo, Oaxaca y Coahuila.  

​Antecedentes de los operadores y postura del Gobierno de México

​La reconstrucción patrimonial ubica el origen de los actores clave desde la década de 1980 en el Registro Nacional de Población (RENAPO) y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entre 1989 y 1995, antes de la fundación de firmas como Formas Finas y Cartonela Plástica. La red también estuvo vinculada a crisis institucionales como la del Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEEM) en 2005 por presuntos sobornos en licitaciones.  

​Durante la Conferencia Matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que las investigaciones avanzarán de manera estricta para transparentar los recursos públicos y establecer un blindaje con miras a las elecciones intermedias de 2027. Por su parte, representaciones locales como el Gobierno del Estado de Puebla respaldaron la investigación y comprometieron la apertura total de archivos administrativos para auditar las contrataciones asignadas por sus institutos locales.  

​Estrategia de blindaje institucional rumbo a 2027

​Para salvaguardar los procesos electorales de 2027, el Gobierno Federal delineó cinco ejes preventivos:  

​Consejo Ampliado: Creación de un órgano de acompañamiento ciudadano con participación de la ASF, UNAM, IPN y UAM.  

​Recuperación de Talleres Gráficos de México: Priorización de la imprenta estatal para centralizar la edición y producción de boletas y paquetes electorales.  

​Diversificación de proveedores: Disolución de monopolios para abrir licitaciones a la industria manufacturera formal.  

​Trazabilidad y cadena de custodia: Supervisión física y digital desde la planta hasta las mesas directivas de casilla.  

​Fiscalización abierta de OPLEs: Obligación de transparentar sin reserva la totalidad de los contratos históricos celebrados en los estados.