Braulio PaisanoSanta María la Alta. — Representantes comunitarios de Santa María la Alta han anunciado su intención de buscar la destitución inmediata de la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), acusándola de una gestión negligente, falta de capacidad y declaraciones que han dañado la reputación del comité indígena local.
El conflicto se agravó tras las declaraciones realizadas por la funcionaria estatal hace una semana, en las que afirmó estar "feliz porque a los de Santa María la Alta ya le dieron lo que pedía".
De acuerdo con el comité, esta afirmación fue interpretada como un ataque directo con dos intenciones: desacreditar a los representantes comunitarios y exponer una profunda ignorancia sobre el estado real de los acuerdos. Los líderes comunitarios denuncian que dichas palabras han incitado a la población a realizar señalamientos infundados contra los integrantes del comité, acusándolos falsamente de malversación de recursos ("chingarse la lana").
Al respecto, el comité aclaró que, si bien existe un acuerdo y compromisos firmados con plazos y términos establecidos, los resultados aún son un proyecto en proceso y no una realidad consumada. "Una lengua descontrolada es peor que una plaga", sentenciaron, citando la máxima bíblica sobre el poder destructivo de las palabras.
La comunidad sostiene que la dirección general del IPPI ha intervenido de manera sistemática en contra de los intereses de Santa María la Alta, y a favor del ayuntamiento encabezado por Martín Camargo de la Peña, obstruyendo las peticiones de ayuda y asistencia que, por ley, es obligación del instituto atender.
Como prueba de esta negligencia, los representantes comunitarios señalan la existencia de grabaciones en las que se evidencia cómo la titular del IPPI rechazó brindar apoyo a la comunidad. En al menos dos ocasiones, Alberto alberto Dolores Flores, consejero nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), solicitó directamente la intervención de la funcionaria estatal durante el conflicto, pese a las acciones de la toma de la presidencia municipal de Tlacotepec y el cierre de la carretera federal Puebla - Tehuacán en el tramo entre la cabecera municipal y la mencionada junta auxiliar, obteniendo como respuesta una negativa bajo los argumentos; primero de su asistente (así lo presentó) Reyes Gama Mateo, quien por cierto, a más de año y medio ha sido “nombrado” según la titular, Secretario Técnico del IPPI, titular de la Dirección de Diálogo y Concertación del IPPI, actualmente Director de Delegaciones Regionales y, al parecer últimamente asistente personal de la Directora General, (en ningún caso se ha oficializado alguno de esos nombramientos, y al parecer ni se oficializará), según se escucha en la videograbación realizada por los mismos integrantes del comité, con el argumento de que las peticiones debían realizarse formalmente mediante correo electrónico o una carta física dirigida al organismo público descentralizado (OPD) - IPPI, ignorando olímpicamente los avisos que ya se le habían hecho vía telefónica.
Ante esta situación, los representantes de Santa María la Alta han manifestado que no permitirán que la irresponsabilidad de un servidor público afecte la integridad de su comité ni el progreso de las gestiones comunitarias, por lo que escalarán su demanda hasta llegar el ejecutivo estatal, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, pasando por la coordinación general de gabinete a cargo de José Luis García Parra y la Secretaría de Gobernación del Estado, a cargo de José Samuel Aguilar Pala para exigir la remoción de la incapaz, incompetente, inutil, inhabil y torpe titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
