Refuerzan vigilancia y prevén severas sanciones contra la contaminación en la cuenca del río Atoyac

Con vigilancia reforzada, cumplimiento estricto de la legislación ambiental y cero tolerancia para las industrias o autoridades que vulneren la normativa, los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha una estrategia integral para lograr el saneamiento total del río Atoyac con miras al año 2030.

Durante la instalación de la primera mesa de trabajo entre autoridades federales y representantes de los 22 municipios de la cuenca, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se oficializaron los ejes de acción en seguimiento a las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El mandatario estatal enfatizó que el rescate del afluente es una prioridad gubernamental y una demanda social urgente que no admitirá excepciones, obligando tanto al sector privado como a los operadores públicos de agua a asumir responsabilidades.

Dentro del plan rector de saneamiento, Armenta Mier anunció una inversión proyectada superior a los 265 millones de pesos para el ejercicio 2027. Estos recursos estarán orientados al aprovechamiento de agua tratada en las plantas de San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos, beneficiando de forma directa a 1,450 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, florícola y forestal.

El proyecto de infraestructura contempla además la construcción de cuatro plantas de tratamiento adicionales —dos financiadas con fondos estatales y dos con recursos federales—, la operación de biodigestores en San Matías Tlalancaleca y el avance en colectores. El objetivo principal radica en garantizar la reutilización del recurso y evitar que las aguas tratadas vuelvan a contaminarse al ser vertidas directamente al cauce.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, Gabriela Ortiz Merino, dio a conocer que en lo que va del año se han efectuado 79 inspecciones industriales, dando como resultado 13 clausuras. La meta anual contempla superar las 80 visitas de fiscalización.

La funcionaria lanzó un llamado a las administraciones municipales para identificar y desincorporar a las empresas que descarguen aguas residuales en los drenajes públicos sin cumplir la norma, advirtiendo que la falta de supervisión puede generar responsabilidades legales y financieras para los propios ayuntamientos. Asimismo, aclaró que las multas no serán la única sanción, ya que se exigirá la reparación económica del daño ambiental ocasionado.

Como parte del plan nacional impulsado junto con la SEMARNAT y la CONAGUA para los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, el comisionado del Proyecto del Río Atoyac, Isauro Martínez, adelantó la propuesta de instalar en Puebla un centro regional de vigilancia conectado a los sistemas C4 y C5. Este espacio permitirá realizar un seguimiento constante en materia de seguridad ambiental y proteger los mantos freáticos que abastecen de agua potable a las comunidades.

Paralelamente, el subprocurador de Prevención Ambiental, Alberto Rojas, destacó los esquemas de acompañamiento técnico y autodiagnóstico mediante los cuales se ha capacitado a más de 73 empresas de alta incidencia contaminante, trabajando directamente con 33 compañías de sectores como el automotriz, textil, químico y metalúrgico, además del apoyo brindado por el Centro Regional de Prevención del Tecnológico de Puebla.

Con estas medidas preventivas, inversiones estratégicas y un marco sancionatorio firme, el Gobierno de Puebla y la Federación refrendan su compromiso con la restauración ecológica de la cuenca y el bienestar de sus habitantes.