Braulio Paisano
Puebla, Pue. — La gestión de Apolinaria Martínez Arroyo al frente del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) ha dejado de ser una decepción institucional para convertirse en una afrenta directa al Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta. Hoy, Martínez Arroyo no es solo una funcionaria cuestionada; es, para efectos políticos y sociales, una persona no grata.
El desprecio a los pueblos originarios
Resulta indignante que, teniendo la responsabilidad de velar por los sectores más vulnerables, su "carta de presentación" sea una estela de cientos de quejas por malos tratos hacia los propios indígenas que juró defender. En un lugar de puertas abiertas. Los pueblos originarios han encontrado en el IPPI un muro de soberbia y burocracia.
Participaciones congeladas: Es inaudito que programas que deberían movilizar más de 8 mil millones de pesos se encuentren estancados por su incapacidad operativa.
Asambleas fantasmas: La falta de realización de asambleas legítimas ha dejado a las comunidades sin voz ni voto en el ejercicio de los recursos.
Despidos injustificados: Decenas de trabajadores han sido lanzados a la calle sin miramientos, debilitando la estructura de la dependencia para favorecer intereses personales.
La política de la mentira y el descrédito
No contenta con la parálisis administrativa, Martínez Arroyo se ha empeñado en una campaña de desacreditar a terceros basándose en mentiras y acusaciones sin fundamento. Esta actitud no solo revela una carencia de ética profesional, sino una desesperación política que busca ocultar su propia falta de resultados bajo el ruido del conflicto.
"Apolinaria Martínez Arroyo ha confundido el servicio público con una trinchera para la revancha personal y el engaño."
Fuera de la jugada política
Con este historial de fracasos, su aspiración a la diputación local o a la presidencia municipal por el distrito de Ajalpan resulta no solo pretenciosa, sino un insulto para los ciudadanos de la región.
Las razones :
Traición a la confianza del Gobernador: Su falta de alineación con los principios de eficiencia de la administración estatal la ha dejado aislada.
Inviabilidad electoral: Nadie puede pedir el voto de quienes ha maltratado y desatendido.
Opacidad financiera: El manejo —o la falta de él— de los recursos destinados a los pueblos indígenas será su principal lastre. Apolinaria Martínez Arroyo ha quedado fuera de la jugada. Su ciclo en el servicio público poblano se cierra con el estigma de la ineficiencia y la deslealtad, dejando un instituto en ruinas y una deuda histórica con las comunidades que hoy, con justa razón, le dan la espalda.
