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title: "Cuestionamientos que la persiguen; Guadalupe Daniel quiere de nuevo en Cuautlancingo"
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description: "Un trámite administrativo no borra el pasado: los cuestionamientos que persiguen a Guadalupe Daniel en Cuautlancingo"
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  - "Cuautlancingo"
  - "Guadalupe Daniel"
  - "Morena"
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  - "Quiere regresar"
author_name: "Braulio Paisano"
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# Cuestionamientos que la persiguen; Guadalupe Daniel quiere de nuevo en Cuautlancingo

*Aunque presuma una constancia de no inhabilitación emitida por el Gobierno del Estado y la Dirección de Anticorrupción, el saldo de su trienio (2018-2021) —marcado por confrontaciones sociales, fallas en servicios básicos y serias dudas financieras— le resta calidad moral para buscar nuevamente el voto ciudadano.*

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.— En la antesala de las definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, el nombre de la expresidenta municipal María Guadalupe Daniel Hernández vuelve a colocarse en el centro del debate público. Sin embargo, su intención de regresar a la boleta electoral choca frontalmente con la memoria colectiva de un municipio que aún resiente las secuelas de su administración (2018-2021).

En su intento por limpiar su imagen y proyectar viabilidad política, se ha buscado posicionar la idea de que contar con una carta o constancia de no inhabilitación, otorgada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Anticorrupción, funciona como un pase automático de legitimidad. No obstante, en el terreno político y ético, dicho documento representa apenas un requisito burocrático que dista mucho de constituir un aval ciudadano o moral para volver a pedir el sufragio.

La diferencia entre la legalidad de un trámite y la calidad moral

Una constancia administrativa certifica únicamente que, al momento de su expedición, no existe una sanción firme ejecutoriada en los registros estatales —especialmente cuando los procesos legales o impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) siguen su curso o se encuentran bajo litigio—. Convertir ese papel en una bandera de honestidad ignora el fondo del problema: el juicio de los habitantes de Cuautlancingo sobre los resultados reales de su gobierno.

El saldo de una gestión: confrontación y opacidad

Lejos de dejar un legado de estabilidad y desarrollo, el paso de Guadalupe Daniel por el Ayuntamiento estuvo definido por un desgaste constante con la población y serios señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos:

Confrontación ciudadana permanente: Durante su trienio, las protestas frente al Palacio Municipal se volvieron habituales. Vecinos de juntas auxiliares y fraccionamientos denunciaron sistemáticamente el desabasto y la mala gestión del agua potable, el deterioro de la seguridad pública y el abandono en materia de infraestructura urbana, recibiendo como respuesta una gestión cerrada al diálogo.

Dudas económicas altamente cuestionables: El cierre de su administración en 2021 destapó un cúmulo de inconsistencias en el proceso de entrega-recepción. Señalamientos por opacidad en el cobro de impuestos prediales a empresas industriales, adquisición irregular de predios y observaciones financieras que derivaron en procedimientos por presunto desvío de recursos por millones de pesos, mantienen bajo sospecha la pulcritud de su ejercicio fiscal.

Disputas políticas e institucionales: Incluso fuera del cargo, su grupo político fue señalado por intentar mantener el control e injerencia sobre organismos clave como el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC), anteponiendo intereses de grupo sobre el bienestar colectivo.

El veredicto de las urnas exige memoria

Aspirar a gobernar nuevamente Cuautlancingo requiere más que el cumplimiento de requisitos de ventanilla. La calidad moral para solicitar el voto ciudadano se construye con transparencia, rendición de cuentas y resultados tangibles, elementos que brillaron por su ausencia entre 2018 y 2021.

Hoy, frente a una ciudadanía cada vez más crítica y atenta al desempeño de sus autoridades, una carta de no inhabilitación no basta para absolver una gestión marcada por el conflicto social y las sombras financieras. En política, lo que no se respalda con hechos en el ejercicio del poder difícilmente puede legitimarse con un sello oficial.

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